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El 9 de julio de 2008, en ocasión de celebrarse la I Cumbre Interregional de Neminem Laedere, la efímera Asamblea Laedereana se abocó a tratar las cuestiones relativas a las reclamaciones soberanas sobre espacios insulares aledaños al Neminem Laedere continental.

Tras escuchar alocuciones de los otros reclamantes de la Isla Gran Malvina, fue el turno del jefe de la diplomacia de los Estados Marqueses, quien mediante una brillante presentación dejó en claro qué nación tenía credenciales legítimas y soberanas sobre la Isla Gran Malvina.

La también efímera Corte Interlaedereana de Justicia, falló a favor de los Estados Marqueses

Texto completo de la declaración de Roberto Ostadar ante la Asamblea Laedereana Editar

Señor Presidente,

Los Estados Marqueses no pueden permanecer de brazos cruzados ante la situación que se presenta en la llamada Isla nº 1, que no es más que la Isla Gran Malvina, cuya inalienable, irrenunciable e imprescriptible soberanía correspondiente a la Federación que represento, vengo a reclamar.

Antes de exponer los contundentes e irrefutables fundamentos sobre los cuales se asienta la indiscutible soberanía de la ciudadanía marquesa sobre el territorio insular, quisiera hacer algunas aclaraciones:

Primero, desvirturar argumentos de las otras Partes no puede, de ninguna manera, ser la fuente principal del propio basamento;

Segundo, el reconocimiento o no reconocimiento de un Estado sobre otro nunca puede ser basamento suficiente para hacer reclamaciones de esta índole.

Tercero, lo mismo opino respecto a la forma de Estado y/o gobierno mediante las cuales una determinada Nación rija sus destinos.

Respecto a estos puntos preliminares, no obstante, me abstengo de formular juicios valorativos, ya que tomar una actitud diferente implicaría hacer incurrir al Gobierno Federal que represento en contradicciones y contrasentidos similares a los que he denunciado.

Señor Presidente,

La inalienable, irrenunciable e imprescriptible soberanía marquesa sobre el territorio insular de la Gran Malvina tiene basamentos geográficos, geológicos e histórico- jurídicos de innegable valor.

El procedimiento que utilizaré será el siguiente: analizaré por separado cada uno de los factores con el objetivo de demostrar 1) que el basamento geológico, por sí solo, dada la particular locación de la masa insular, no dirime la cuestión 2) que es menester recurrir a consideraciones de índole geográfica e histórica, las cuales , en conexión con la aplicación de los más básicos principios jurídicos, dan basamento suficiente a la posición del Gobierno Federal Marqués.

En efecto:

Geológicamente, Gran Malvina es una masa emergente de formación relativamente reciente. No quedan dudas de que forma parte de la plataforma continental laedereana en tanto es producto de uno de los últimos desprendimientos tectónicos que ha sufrido el territorio de nuestra actual Región. Sin embargo, esta consideración, como se ve, no dirime la cuestión. Los territorios de los dos Estados y del poder de facto que reclaman la soberanía sobre la isla pertenecen al mismo bloque continental.

Geográficamente, y con base en la conocida teoría de la convección, es posible afirmar que el extremo NE de la isla "encaja" perfectamente con el sector septentrional del extremo O del territorio continental marqués. Ello, en conjugación con la doctrina geológica expuesta, no hace más que confirmar en términos físicos la posición que sustento, ya que elimina las dudas acerca de la pertenencia relativa a la plataforma continental.

Sin embargo, la fuerza de los argumentos jurídico-históricos que, una vez más, avalan la inalienable, irrenunciable e imprescriptible soberanía marquesa sobre el territorio insular de la Gran Malvina, es insoslayable y pasaré a enunciarlos.

Juridicamente, es menester reafirmar la posición que el Gobierno Federal ha sustentado en su escrito de reivindicación soberana sobre la isla de Randozzia: la Convención del Mar NO es un instrumento jurídico vinculante para las naciones laedereanas. Lo que sí es vinculante para una Nación, empero, es su propio comportamiento, como se verá a continuación

Historicamente, no necesito recordar que la Federación de Estados Marqueses ha sido el primer Estado soberano e independiente que como tal se ha constituido en Nieminem Laedere. Desde entonces ha reclamado y ejercido el poder soberano sobre la integridad de su territorio, comprendiendo ello el espacio terrestre, aéreo, marítimo (incluyendo el insular) y los subsuelos y lechos submarinos. Las genéticas reivindicaciones marquesas sobre Gran Malvina (que es lo que en este caso importa) nunca han sido discutidas por ninguna de las naciones que posteriormente se constituyeron en la Región laedereana. La única consecuencia lógica posible es interpretar que las Naciones laedereanas, a medida que ingresaban en nuestra comunidad, aceptaban las reivindicaciones soberanas de los Estados que anteriormente pertenecían a ella. Por lo tanto, es inaceptable (por ser un peligroso y disvalioso precedente en lo atinente a la seguridad jurídica) que de manera sobrevininente y subrepticia, los Estados (o los poderes de facto que intenten asimilarse a ellos) subviertan la actitud que han venido tomando y desconozcan sus propios actos, emitidos libremente. Un principio jurídico universalmente reconocido señala que la propia torpeza no es excusable, y otro, del cual se deriva el primero, es que toda persona (Jurídica Pública en este caso) es responsable por sus propios actos, los cuales no puede desconocer.

En consecuencia, hermanas naciones laedereanas, no puede ser jurídicamente válido que un Estado o poder de facto en representación de aquél realice reclamaciones sobre cuestiones que ha aceptado de manera libre y soberana en el momento adecuado. Por ende, los fundamentos histórico-jurídicos no hacen más que confirmar y legitimar los basamentos geológico-geográficos que dan la razón, en lo que hace a este diferendo, a la Federación de Estados Marqueses.

Nótese que no es necesario forzar la realidad ni inventar un sustrato fáctico inexistente o (en el mejor de los casos) indemostrable para fundar reclamaciones soberanas cuando ellas son realmente legítimas.

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